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El pasado 29 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito resolvió un recurso de queja en el que, por primera vez, reconoció de manera formal que la inteligencia artificial (IA) puede emplearse dentro de la función jurisdiccional; en ese caso, para calcular el monto de las garantías fijadas en los juicios de amparo.

La decisión es relevante no solo porque valida la IA como herramienta auxiliar, sino porque empieza a delinear lineamientos éticos mínimos para su uso en sede judicial: proporcionalidad, protección de datos, transparencia y supervisión humana. En otras palabras, la jurisdicción mexicana inicia un ejercicio de auto– regulación frente a la IA, preservando que la decisión de fondo siga en manos de las personas juzgadoras y bajo ciertas garantías.

Aunque en México el reconocimiento de esa realidad llega tarde —salvo esfuerzos incipientes e inacabados de modelos de IA legal en ciertos tribunales locales—, en otros países esta discusión y su aplicación por la función jurisdiccional no es nueva. En América Latina, el sistema Prometea (Argentina, 2017) abrió camino al automatizar tareas repetitivas en la Fiscalía de Buenos Aires; esa experiencia inspiró a la Corte Constitucional de Colombia, que en 2020 implementó PretorIA para apoyar la selección de acciones de tutela, que llegaban cada año en volúmenes masivos.

En Estados Unidos, el caso State v. Loomis (2016) reconoció el valor de la inteligencia artificial para asistir a los tribunales en la evaluación del riesgo de reincidencia, mediante el algoritmo COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions). La decisión validó el uso de la IA como herramienta auxiliar, pero sentó un precedente al establecer límites cruciales: la tecnología debe operar bajo supervisión humana, con criterios de transparencia y explicabilidad. El caso se convirtió en un referente global para la incorporación de la IA en el ámbito judicial, subrayando la necesidad de que el juez conserve siempre la autoridad final y abriendo un debate fundamental sobre cómo evitar que estos algoritmos reproduzcan sesgos —raciales, socioeconómicos u otros— presentes en los datos.

En Europa, Estonia ha explorado la implementación de un sistema de inteligencia artificial para mediar en disputas de baja cuantía, siempre sujeto a revisión humana. La idea detrás de este proyecto, al que se ha bautizado como “juez robot”, es automatizar la resolución de casos de poca complejidad para descargar a los jueces y permitirles concentrarse en asuntos de mayor trascendencia.

Y varios países han acompañado estas experiencias con marcos regulatorios y éticos. La Unión Europea aprobó el AI Act (2024), primer marco integral que clasifica el uso judicial de la IA como de “alto riesgo” y lo somete a requisitos estrictos de transparencia y seguridad. En 2021, la UNESCO adoptó la Recomendación sobre la Ética de la IA, con principios como proporcionalidad, explicabilidad y supervisión humana. Recientemente, en los casos Ayinde v London Borough of Haringey y Al Haroun v Qatar National Bank QPSC, la High Court del Reino Unido amonestó a abogados por presentar escritos con citas de casos inexistentes, que se sospecha fueron generadas mediante herramientas de inteligencia artificial. El tribunal advirtió que la IA no sustituye el deber de verificación profesional y que la responsabilidad por la exactitud de lo presentado en juicio recae siempre en el abogado. La corte dejó claro que la dependencia ciega de estas herramientas, sin la debida diligencia, constituye una falta grave que puede dar lugar a sanciones disciplinarias.

Estas experiencias muestran que, en la arena internacional, la discusión ya no gira en torno a si debe usarse inteligencia artificial en la justicia, sino en cómo integrarla de manera ética, clara y regulada. Ello implica no solo asegurar que la decisión de fondo permanezca en manos de los jueces, sino también que los abogados mantengan su deber profesional de verificar la información que presentan, aun cuando provenga de herramientas de IA.

En contraste, México enfrenta este debate con desventajas inerciales: la desigualdad en el acceso a la tecnología, la ausencia de una política pública focalizada, la falta de interconectividad real en muchos tribunales y la brecha digital que separa a usuarios y operadores del sistema. A ello se suman la resistencia cultural y el mito solemne del abogado todopoderoso, que concibe la práctica legal como un territorio exclusivo e impermeable a la innovación.

Esa combinación hace que la discusión sobre inteligencia artificial cobre urgencia, sobre todo de frente a la crisis sin precedentes que atraviesa el sistema judicial mexicano y a la necesidad de explorar si la IA puede, en alguna medida, contribuir a disminuir sus efectos como mecanismo auxiliar en la impartición de justicia.

La llamada reforma judicial ha reconfigurado al Poder Judicial de la Federación y a sus contrapartes locales de una manera que ya muestra efectos preocupantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, se verá obligada a plantear el returno de expedientes a tribunales inferiores para desahogar su carga, al tiempo que desaparecen las Salas que históricamente equilibraban el trabajo del Pleno.

El resultado inmediato es un rezago judicial creciente, agravado por la curva de aprendizaje de jueces y magistrados electos por voto popular, muchos de ellos sin experiencia en impartir justicia. Este modelo abre la puerta a que los titulares prioricen el cuidado del voto o la política en turno antes que la ley. A ello se suma la instauración de un régimen disciplinario con amplias facultades sancionadoras, que en la práctica puede condicionar decisiones jurisdiccionales y afectar la independencia judicial.

La precariedad llega al absurdo. Hoy no es inusual que numerosos órganos jurisdiccionales en el país reconozcan expresamente que les resulta “material y humanamente imposible” integrar los expedientes físicos y electrónicos ante la falta de impresoras, papel o tóner. La consecuencia es, por ejemplo, diferir audiencias y aceptar —en un acuerdo judicial— que no se puede cumplir con estándares mínimos de gestión procesal. Estos episodios no son excepcionales ni anecdóticos: revelan que el sistema judicial mexicano enfrenta no solo problemas de independencia o legitimidad, sino también una crisis operativa y presupuestal que mina el acceso efectivo a la justicia.

La crisis no es solo institucional. El mercado de servicios legales enfrenta también su propio colapso: de acuerdo con el Informe Nacional sobre la Educación Jurídica (CEED/CEED, 2022), en México existen más de 2,500 programas de Derecho. El crecimiento ha sido tan acelerado que, en promedio, se abre una nueva escuela de derecho cada mes, lo que multiplica la sobreoferta de abogados sin garantizar estándares homogéneos de calidad. Cada año egresan miles de nuevos profesionistas en un entorno donde las barras y colegios permanecen pasivos, más como escaparates de prestigio que como órganos de autorregulación.

Con un sistema judicial debilitado y un mercado legal precarizado, ambos atrapados en inercias que alimentan el rezago y la deslegitimación, parecería que la inteligencia artificial podría ofrecer cierto margen de apoyo. No como solución única ni como sustituto de las reformas pendientes, pero sí como una herramienta capaz de aliviar cargas, agilizar la gestión, uniformar procesos, reducir errores y hacer más comprensibles las decisiones.

Puede sonar paradójico hablar de IA cuando en muchos tribunales ni siquiera hay papel o impresoras suficientes. Pero precisamente esa precariedad es la que evidencia que, a la espera de contar con esos recursos mínimos, resulta urgente e impostergable explorar soluciones distintas: no podemos seguir atrapados en un sistema que falla en lo elemental y que, al mismo tiempo, se niega a dar un salto tecnológico que podría, al menos en parte, aliviar el caos.

Según el informe del Grupo de Trabajo No. 4 de la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana (2023), el uso de inteligencia artificial en la justicia ofrece ventajas significativas. Puede mejorar la eficiencia y rapidez procesal al automatizar tareas como la revisión de documentos, la programación de audiencias o la gestión de expedientes, reduciendo tiempos de espera y descongestionando tribunales. También puede elevar la calidad de las decisiones, al analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y proporcionar a jueces y abogados insumos para decisiones más informadas y fundamentadas.

El informe también subraya la capacidad de la IA para favorecer la equidad y la objetividad, al disminuir sesgos personales mediante análisis basados en datos, y para ampliar el acceso a la justicia, por medio de chatbots legales y asistentes virtuales que resuelvan dudas comunes y orienten a la ciudadanía sin necesidad de un abogado. Asimismo, destaca su potencial para reducir errores y costos en la redacción de escritos, la gestión de pruebas y la elaboración de resoluciones, y para optimizar la gestión de casos y la asignación de recursos, anticipando cargas de trabajo y distribuyendo mejor jueces y audiencias.

El mismo documento advierte, sin embargo, que medir estos beneficios no es sencillo: requieren metodologías de evaluación adecuadas, indicadores de mediano y largo plazo, y un marco de supervisión que asegure que la IA se emplee como apoyo y no como sustituto del criterio judicial.

En efecto, como muestran las experiencias internacionales y lo resuelto por el propio Segundo Tribunal Colegiado, la utilización de la inteligencia artificial en la justicia requiere condiciones mínimas: atender los riesgos de sesgos y discriminación algorítmica, garantizar la protección de datos, evitar interferencias en la independencia judicial y revisar con cuidado la calidad de los modelos antes de aplicarlos bajo un marco legal claro. A ello se suma la responsabilidad del gremio de abogados, que no puede delegar en la IA su deber de verificación, diligencia y ética profesional en la información que presentan ante los tribunales.

En ese contexto, tal vez lo relevante no sea tanto temer que la IA cometa errores, sino reconocer que, usada de manera responsable, puede hacerlo con mayor rapidez, transparencia y verificabilidad. Y eso, lejos de ser una amenaza, se traduce en oportunidades reales para los justiciables: decisiones más claras, procesos más ágiles y, en definitiva, un sistema que les sirva mejor.

La inteligencia artificial por sí sola no resolverá la crisis del sistema judicial mexicano. Pero negarse a explorar su potencial, en un escenario de atraso y debilitamiento, sería simplemente prolongar la agonía de un modelo que ya no responde a las exigencias actuales.

Frente a un sistema que falla en lo más elemental, ¿es la IA una herramienta viable para forzar el salto que se necesita o una solución que solo puede existir en la teoría?